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La Legalidad y las leyes

La sociología jurídica es una materia fundamental para el análisis del papel de las instituciones y a través de ellas de la sociedad. Y, los que nos dedicamos a ella, tenemos una certeza: sabemos que el derecho es un arma poderosa, cuando tiene un buen diagnóstico y un relativo éxito en su impulso positivo. Entre otras cosas, entiende qué quiere y cómo conducir esa fuerza en el ámbito social. Tanto éxito tiene, en ciertas circunstancias, que cuando el derecho cambia la realidad, hay que volver a legislar.  Otras veces también, como le sucedió a la Constitución de nuestro país hasta los años 90, el derecho no es derecho justiciable, sino aspiración política y social. Ese transito sigue su marcha, aunque las reformas de esos años (los 90) le dieron a la SCJN, nuevo impulso a la constitución justiciable y han acabado poco a poco con la constitución aspiracional.

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También se sabe, que cumplir una disposición escrita en ley, no es sólo un problema de policías y ministerios públicos.

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El cumplimiento de la ley requiere de muchos otros elementos más. La cultura y la convicción socialmente compartida de que a todos nos conviene cumplirla, para empezar. Que las autoridades sean las primeras en buscar su cumplimiento. Que los ciudadanos vean en la ley, el margen deseable en el que todos debemos actuar, como sucede con el México que se subió al carro de la modernidad y la internacionalización. Pero, sobre todo, tenemos que abjurar de una vez y por todas, de lo que llamamos los usos y costumbres populares, que se invocan como regulación que están por encima de la legalidad.

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En el contexto del respeto a la muy vernácula costumbre de que “aquí así se hacen las cosas”, permite márgenes para el poder constituido y para los individuos con muy diversos intereses, para hacer, literalmente, lo que se les antoja. No pedir permisos de construcción, no denunciar a un violador (mejor que se case la niña con el señor, en ciertas zonas del país), matar a alguien por una pelea insulsa o disputarse un territorio y tantas otras cosas que, porque son costumbre o atienden a un subjetivo criterio de justicia que, en realidad, generan una impunidad colectiva, solapada por autoridades y ciudadanos y vuelven a todo el país, una especie de Ciudad Gótica o el Viejo Oeste. O sea, el que tenga dinero, poder o una pistola es más poderoso que cualquier ciudadano o autoridad en el país conducido por la ley.

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“Abrazos y no balazos” es la propuesta para la normalidad legal, porque es indispensable en ese contexto, que se reconozca una fatalidad, que la ley, en la propuesta de este gobierno, es lo que se hace en cada pueblo y lo que acostumbramos, sin hacer prevalecer una legalidad general para todos. Como si cada pueblo, municipio o Estado fuera una nación en sí misma. Con razón Benito Juárez y Porfirio Días combatieron los usos y costumbres de manera denodada

El discurso presidencial de nuestro tiempo es lamentable, en general, pero nada es peor que decir: “no me vengan con que esa es la ley”. Lo que en el fondo significa que cada uno haga lo que quiera, porque aquí no hay reglas para todos, sino buenas intenciones y una supuesta moralidad en la actuación pública y personal y en el mismo país, sino usos y costumbres en cada colonia, municipio, pueblo o región en la que vivimos, una obligación que implica, que a “donde vayas, de colonia en colonia, haz lo que vieres”. La división ya no sólo es discursiva, es también o se intenta, de derecho positivo, bajo la mano firme, pero contradictoria de alguien que se erige como e intérprete de la voluntad popular, en cada pueblo, colonia, municipio o región, nada más, pero nada menos tampoco

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Columna Invitada Miguel González Compeán Abogado, politólogo y economista

Columna invitada Ensayista e interesado en temas legales y de justicia. actualmente profesor de la facultad de derecho de la UNAM

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